Hay un amplio consenso que un Estado democrático debe definir y garantizar las grandes reglas de juego de la sociedad, de la convivencia y del bien común, y que los ciudadanos y las empresas privadas deben poder tomar libremente sus decisiones, dentro de las leyes y reglas establecidas.

Los intereses individuales y el afán de lucro son los motores innegables del desarrollo económico y del bienestar de las sociedades modernas. Los millones de decisiones individuales de ofertas y de demandas, dentro de las reglas del mercado definidas y reguladas por los Estados, permiten la convivencia social y el crecimiento económico.
Cuando el ex-Presidente Ricardo Lagos y sus ingenieros quisieron corregir el deficiente sistema ultraliberal de transporte urbano de Santiago y reemplazarlo de un día para otro, por una planificación centralizada, cayeron en una forma elitista y poco participativa de planificación estatal, similar en cierto sentido a la que causo en gran medida la desaparición de la Unión Soviética. Creyeron que unas mentes iluminadas, apoyadas por la mejor tecnología, pueden reemplazar centralmente a millones de decisiones individuales…

Me parece que el gran error del Transantiago, fue la idea de patear el tablero y eliminar las reglas del juego en vez de corregirlas. Impedir la libre participación de los privados y crear un monopolio estatal para remplazar a los jugadores deficientes, en vez de modificar simplemente las deficientes reglas del juego.

El Estado debió persistir en su rol normativo, ordenador y arbitral para exigir un sistema de transporte urbano de calidad, velar por la calidad del aire y del transporte público, prohibir el pago de los chóferes por corte de boleto, obligar los operadores a un sistema de pago concordado, impedir que todas las empresas de buses colapsaran la Alameda y vías principales, considerar la cobertura, cumplimiento y eficacia del sistema, de acuerdo a la utilidad publica.

El Estado no debe – y no puede – reemplazar ni a los ciudadanos ni los empresarios. El Estado debe regular y normar, proteger a los débiles y los pobres, evitar los excesos. El Estado debe también reconocer que el interés individual de los ciudadanos y el afán de lucro de los empresarios son en gran parte los motores de las economías modernas.

En cambio, en el ámbito de la Educación, la propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet me parece totalmente conforme a una misma sana definición del rol del Estado. Al impedir la selección de los niños antes de 8º básico en los colegios públicos y financiados por el Estado, la propuesta garantiza el derecho de todos los niños a una educación básica. Al definir que los colegios subvencionados no pueden tener fines de lucro, la medida quiere corregir una irregularidad impuesta por la fuerza, a falta de razón, a través de cual se desviaban fondos públicos hacia bolsillos privados. Esta normativa, estimulará el aporte de recursos deficitarios a las escuelas públicas, donde estudian el 70% de los niños chilenos, y favorecerá así una educación de calidad, sin imponer un monopolio estatal ni impedir a los colegios privados funcionar a su

Es el papel del Estado velar por el bienestar a largo plazo de la población, y por lo tanto garantizar la educación para todos. Dejar de financiar intereses individuales con fondos público es una idea valiente en una época donde, más que nunca, el dinero y el afán de lucro, parecen ser los únicos valores que mueven el mundo, tal como nos lo recuerdan en cada momento,  la publicidad, la televisión, los bancos, las grandes tiendas... Pero es seguramente una idea mucho menos revolucionaria que la de Buda y de  Jesús Cristo que ya pretendían, hace más de 2000 años, que el dinero no hace la felicidad.

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